Monitoreo DDHH en Córdoba

La Comisión Provincial de la Memoria de Córdoba ha desarrollado un trabajo de sistematización, recolección y difusión de información acerca de la situación del cumplimiento de los derechos humanos de las personas alojadas en lugares de encierro de la provincia.

Existe en nuestro país una abundante y contundente normativa acerca de la temática tanto internacional compuesta por Convención contra la tortura y otros tratos o penas inhumanos o degradantes y su Protocolo Facultativo ratificado por nuestro país, como nacional conformada por la Ley 26827 y su decreto reglamentario a través de los que se crea el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

A partir de la mencionada legislación existe una obligación legal por parte de todos los estamentos del estado de generar practicas sostenidas orientadas al monitoreo de los espacios de encierro ya que se entiende que la mayor visibilidad de estos lugares ayuda a atacar las condiciones a partir de las que se genera la tortura y otros tratos crueles a las personas allí alojadas. 

Desde esa premisa, la Comisión Provincial de la Memoria, entendiendo que tiene una composición plural a partir de la participación de los organismos de derechos humanos, de los poderes del estado y de las universidades nacionales, se dio el trabajo de comenzar a generar las bases para la creación de espacios en los que se puedan discutir las condiciones de encierro de las instituciones totales para avanzar hacia a la constitución de un Mecanismo local contra la tortura.

De esta manera la Comisión Provincial de la Memoria en conjunto con los observatorios de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), la Mesa de salud Mental y DDHH y el Colectivo Cordobés por los Derechos de Niños, Niñas y Jóvenes publicaron el Informe de Monitoreo 2013 “Mirar tras los Muros: Situación de los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad en Córdoba” y recientemente en el marco del día internacional de conmemoración de los derechos humanos presento la Síntesis del segundo Informe edición 2014 cuyo texto final se presentara impreso en marzo del 2015

Los objetivos de los informe son varios, en primer lugar, documentar y registrar lo que sucede en los lugares de encierro para hacerlo visible. En segundo término, establecer mecanismos de control de las fuerzas de seguridad. Y en tercer lugar, generar un debate a nivel social, y poner en tensión el debate que tenemos como sociedad acerca de qué son los lugares de encierro, qué es tortura, qué creemos y esperamos de estos lugares. La realización de estos trabajos buscan además poner en la discusión pública las continuidades y rupturas entre los delitos cometidos en la última dictadura cívico militar y el accionar en la actualidad de las fuerzas de seguridad y generar en Córdoba un antecedente válido de un mecanismo local de prevención de la tortura.

Una lectura más integral de estos datos revela el avance de las políticas de encierro por sobre las políticas sociales y el crecimiento a lo largo de los últimos años de la utilización del encierro por sobre cualquier otro tipo de política para la resolución de los conflictos. También se destacan las falencias del Poder Judicial en el control del respeto de los derechos de las personas que están detenidas en esos lugares. Además de la continuidad de la utilización de las celdas de aislamiento y medidas de sujeción que están prohibidas y que están absolutamente naturalizadas en la vida cotidiana de esas instituciones.

Finalmente, la población detenida en los lugares de encierro -no solamente cárceles y comisarías, sino también en institutos que alojan a jóvenes en conflicto con la ley penal y neuropsiquiátricos- se caracteriza por estar compuesta en su gran mayoría por varones, jóvenes, que vienen de sectores populares, con poco o nulo acceso a la educación, al trabajo y a la salud, y que provienen de los sectores históricamente marginalizados.