Juicio González Adela María y otros
Los hechos investigados se desarrollaron entre los meses de septiembre de 1978 y agosto de 1979, en total se juzgará lo ocurrido a 14 personas, 7 sobrevivientes y 7 desaparecidas y asesinadas.
En el 14to juicio de lesa humanidad en Córdoba, el Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF2) de Córdoba –presidido por el juez Julián Falcucci, Noel Costa y Fabián Asís– dió por concluído el proceso denominado “GONZALEZ ADELA MARIA y OTROS”, donde se juzgaron el accionar de integrantes de fuerzas de seguridad durante el terrorismo de Estado por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada e Imposición de tormentos Agravados; homicidio calificado, prevaricato de auxiliares de la justicia y apropiación de un menor de 10 años.
INICIO DEL JUICIO: 21 de Febrero de 2024. FINALIZACIÓN: 2 de Mayo de 2024
Los hechos investigados se desarrollaron entre los meses de septiembre de 1978 y agosto de 1979, en total se juzgará lo ocurrido a 14 personas, 7 sobrevivientes y 7 desaparecidas y asesinadas.
De los siete imputades, cinco fueron condenados por secuestros, tormentos y desapariciones y dictaminó prisión perpetua para Carlos Alfredo Yanicelli, Yamil Jabour y Juan Eduardo Ramón Molina, ex integrantes del Departamento de Inteligencia (D2) de la Policía; y 7 años para Raúl Alejandro Contrera, encontrado partícipe secundario de los tormentos.
A la también expolicía Antón le correspondieron 15 años, por el secuestro y los tormentos sufridos por cinco mujeres.
Fueron absueltas Ana María Rigutto de Oliva Otero, quien se desempeñaba en el juzgado de menores cuando la bebé fue separada de su madre, y la ex empleada de la Casa Cuna, Adela María González, acusada de falso testimonio, alteración de estado civil y falsificación de documento público.
“El Tribunal consideró que no se estaba en presencia de un hecho que se pudiera calificar como sustracción de un menor de diez años (art. 146 del Código Penal) precisamente porque las constancias de la causa determinaron que la niña nunca fue sustraída (robada), sino que había sido puesta a disposición de la Justicia, de acuerdo con las previsiones de la ley 10.903 vigente en aquel momento”.