A 60 años de la Noche de los Bastones Largos

El 28 de junio de 1966, un golpe de Estado derroca al presidente Illia. El general Juan Carlos Onganía asume el poder, disuelve el Congreso, destituye a la Corte Suprema, interviene las provincias y prohíbe los partidos políticos. Ese mismo día, el rector Hilario Fernández Long y el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) emiten un comunicado:

“En este día aciago en el que se ha quebrantado en forma total la vigencia de la Constitución, el rector de la Universidad de Buenos Aires hace un llamado a los claustros universitarios en el sentido de que sigan defendiendo como hasta ahora la Autonomía Universitaria, que no reconozcan otro Gobierno Universitario que el que ellos libremente han elegido de acuerdo, con su propio Estatuto, y que se comprometan a mantener vivo el espíritu que haga posible el restablecimiento de la Democracia”.

La UBA, en ese momento, se convierte en un lugar incómodo para la dictadura: sigue funcionando de manera democrática en un país que ya no lo es. En consecuencia, se convierte en un foco de persecución, por ser señalada como un “ámbito comunista”.

El viernes 29 de julio de 1966, el Presidente de facto, Juan Carlos Onganía firma el decreto ley 16.912: interviene las universidades nacionales, elimina el gobierno tripartito (esa forma de organización donde profesores, graduados y estudiantes decidían juntos) y prohíbe toda actividad política dentro de las facultades: se disuelven centros de estudiantes y la Federación Universitaria Argentina (FUA). A los rectores y decanos les da 48 horas para decidir si aceptan convertirse en interventores del régimen o si renuncian.

Esa misma noche, estudiantes, docentes y graduados de varias facultades se organizan y toman los edificios en defensa de la Universidad. Defienden la autonomía y la libertad de cátedra. La respuesta del gobierno llega rápido y violenta: la policía entra a desalojar a golpes de bastón. Así queda bautizada esta noche para siempre: la Noche de los Bastones Largos. Esa madrugada terminan detenidas 139 personas.

En los días posteriores a aquella fatídica noche, comienza a implementarse el plan de política educativa del gobierno de Onganía, cuyo eje central era la necesidad de neutralizar la infiltración marxista y erradicar toda forma de expresión política opuesta al régimen. De esta manera, la intervención de las universidades se convertía en el instrumento con el que el gobierno controlaba y ejercía poder sobre las ideologías.

Finalmente, el doctor Luis Bottet es designado interventor y, al asumir el cargo, anuncia que el principio de autoridad vigente en todos los ámbitos del país también regirá en la educación. Se propone controlar la universidad a través de la aprobación de los estatutos, la designación de las autoridades y la prohibición de cualquier expresión política. Asimismo, se autoriza a las fuerzas policiales a intervenir en caso de que se produzcan desórdenes en las casas de estudio. Comienza así, para la universidad, una etapa marcada por la disgregación, la decadencia y la destrucción de los equipos de trabajo y los centros de investigación. Miles de profesoras y profesores dejan las universidades, otros son cesanteados. Algunos se van del país y otros directamente abandonan la vida académica. Lo mismo ocurre en el CONICET, donde becarios e investigadores renuncian porque ni siquiera pueden entrar a los institutos donde trabajaban.

El clima de época aparece impregnado de un ataque a la educación y a la ciencia, que hostiga y persigue a docentes y estudiantes, impidiéndoles desarrollar sus tareas.

A 40 días de la intervención a las universidades, el 7 de septiembre de 1966 se produce la 1º víctima fatal de la represión. En una movilización estudiantil en la ciudad de Córdoba, es asesinado el estudiante Santiago Pampillón. Su nombre es recordado como símbolo de la lucha por la educación.

Tres años después, en 1969, Córdoba es escenario del Cordobazo: estudiantes y trabajadores salen juntos a las calles a repudiar la dictadura. Esa movilización masiva termina precipitando la caída de Onganía. Es, en cierto modo, la prueba de que el plan de “despolitizar” a la universidad había fracasado.

Aun así, las universidades argentinas no recuperan su autonomía por los próximos 18 años, con el regreso de la democracia.

“La Noche de los Bastones Largos” no fue un episodio aislado: fue el ensayo de un método. La idea de la universidad como semillero de “infiltración marxista”, el desmantelamiento sistemático de equipos de investigación, las renuncias forzadas, la vigilancia sobre las cátedras: todo eso que en 1966 se ejecutó a bastonazos y bajo el amparo de intervenciones “legales”, una década después se repetirá con una violencia mucho mayor. Durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983), la persecución a docentes, investigadores y estudiantes ya no se limitará a cesantías y exilios: incluirá asesinatos y desapariciones. El discurso que había justificado la intervención de 1966 permanece intacto, bajo la misma bandera que había enarbolado Onganía: la universidad como foco de “penetración marxista”. Diez años después, el enemigo señalado es el mismo.

Pensar nuestra educación es, inevitablemente, pensar el contexto social, económico y político que la atraviesa. Por eso, a 60 años de la Noche de los Bastones Largos, invitamos a reflexionar: ¿por qué un gobierno de facto elige a la universidad como uno de sus primeros blancos? ¿Qué se pierde cuando cientos de docentes e investigadores renuncian o se exilian? ¿Qué país queda "sin ciencia y sin educación"?

Hoy, en un contexto de desfinanciamiento de la universidad y la ciencia, ¿qué preguntas nos deja este episodio del pasado? ¿Hay continuidades con aquel momento o estamos ante procesos distintos?